En el centro del problema de los “Squatteurs Airbnb” se encuentra una sorprendente laguna legal única en la ley de arrendamientos francesa. A diferencia de EE. UU., donde los huéspedes que se quedan más tiempo del acordado suelen ser considerados intrusos y pueden ser desalojados rápidamente con ayuda de las autoridades, la ley francesa considera que cualquier persona que accede legalmente a una vivienda—aunque sea por poco tiempo—adquiere casi de inmediato derechos similares a los de un inquilino. Aunque Francia ha endurecido recientemente las normas contra la ocupación ilegal, estas leyes apuntan principalmente a quienes irrumpen en propiedades ilegalmente.
Sin embargo, cuando los huéspedes acceden legalmente—a través de Airbnb, por ejemplo—aunque sea por un periodo muy breve, automáticamente obtienen ciertas protecciones similares a las de un inquilino. Según la ley francesa, una vez que una persona acredita residencia, aunque sea mínimamente (cambiando los recibos de servicios, recibiendo correspondencia o instalando pertenencias propias), deja de ser considerada intrusa. Se convierte en ocupante con amplias protecciones de inquilinato.
¿Por qué está en boca de todos ahora?
El fenómeno ganó visibilidad durante las temporadas altas de turismo en Francia en 2024 y 2025, especialmente en regiones populares como la Riviera Francesa y París. Casos mediáticos de “okupas de Airbnb” han intensificado la cobertura de los medios, convirtiendo este asunto en un debate público. Los propietarios franceses de casas vacacionales se han vuelto más vocales compartiendo experiencias en los medios sobre procesos de desalojo prolongados, costosos y emocionalmente agotadores, que pueden extenderse de 6 a 24 meses, con tasas legales que ascienden a miles de euros.
Historias reales de anfitriones reales:
- Douai (Nord): Okupación evitada por poco tras breve estancia en Airbnb
Un propietario alquiló un apartamento mediante Airbnb por una sola noche. Los huéspedes hicieron múltiples excusas (olvido de pertenencias, trenes retrasados) para prolongar su estadía sin hacer pagos adicionales. La rápida intervención del propietario evitó que los okupas acreditaran residencia formal (recibiendo correspondencia o cambiando contratos de servicios). Según un abogado consultado, sin entrada forzada, las autoridades no intervendrán, convirtiendo el desalojo en un proceso largo—idéntico al de un inquilino habitual—que puede durar meses o incluso años. - Niza: Aumento de “turistas” okupas vía Airbnb
Nice-Matin, Capital y Boursorama detallan incidentes donde falsos turistas reservan alojamientos por unas noches a través de Airbnb, luego cambian cerraduras, pasan las facturas de electricidad a su nombre e instalan sus pertenencias. Los propietarios se ven bloqueados fuera de su vivienda, solo para descubrir que la ley “anti-ocupación” no se aplica, ya que los inquilinos entraron legalmente mediante un contrato de alquiler. Los anfitriones deben entonces iniciar procedimientos legales prolongados y costosos. Un anfitrión en Perpiñán vivió esta pesadilla en persona, con los ocupantes afirmando abiertamente: “Cambié la cerradura y puse el contador de luz a mi nombre”. - París y suburbios: Alquileres de fin de semana que acaban en okupaciones administrativas
En la región parisina, varias familias que alquilan sus viviendas a corto plazo por Airbnb, se enfrentan a inquilinos que rápidamente cambian cerraduras, registran servicios a su nombre y reciben correspondencia en la dirección. Sin entrada forzada ni violencia, la policía se niega a intervenir. La ley francesa entonces considera a estos ocupantes como inquilinos legítimos, requiriendo procesos de desalojo que pueden superar los nueve meses. Expertos confirman que basta con registrar un recibo de servicios o recibir correspondencia para protegerse legalmente, incluso cuando el contrato inicial era breve.
Mecanismo explotado por los okupas:
- Reservar una propiedad en Airbnb legalmente por una o dos noches.
- Cambiar rápidamente las cerraduras, a veces transfiriendo servicios a su nombre y recibiendo correspondencia.
- Las autoridades no intervendrán sin pruebas de entrada forzada.
- Los propietarios deben realizar largos y costosos procedimientos civiles de desalojo.
- Cualquier intento de recuperar la vivienda por la fuerza puede implicar penas de hasta 3 años de prisión y 30.000 € de multa por violación de domicilio.
Por qué el sistema legal francés lo hace tan difícil
La ley de arrendamientos francesa tradicionalmente da prioridad a la protección de los ocupantes para evitar el desamparo y desalojos injustos, una herencia de las profundas protecciones sociales. Como consecuencia, incluso aquellos que aprovechan alquileres de corta duración con fines fraudulentos se benefician de estas fuertes protecciones una vez dentro de la propiedad. La policía y los tribunales a menudo rechazan desalojos inmediatos sin un procedimiento judicial formal, debido a la complejidad legal y al enfoque favorable a los inquilinos de las normas vigentes.
Históricamente, los desalojos también se han retrasado por la “trêve hivernale” (tregua invernal), un periodo en Francia de noviembre a marzo durante el cual los desalojos están legalmente prohibidos para proteger a los ocupantes del desamparo en los meses fríos. Incluso las reformas legales recientes, que han agilizado en cierta medida los procedimientos de desalojo—como la posibilidad de desalojar okupas en 72 horas—no se aplican si la entrada original fue legítima, dejando a los anfitriones de alquiler vacacional especialmente expuestos.
No es un fenómeno nuevo:
Esta laguna legal existe desde hace años y ocasionalmente aparece en incidentes de alto perfil con segundas residencias o alquileres vacacionales. Sin embargo, el rápido crecimiento de los alquileres por Airbnb combinado con la visibilidad mediática de casos notorios durante grandes eventos como los Juegos Olímpicos de París y temporadas turísticas altas, ha aumentado la conciencia sobre el tema. Intentos legislativos recientes, incluidas sanciones más severas (hasta 3 años de prisión y multas de 45.000 €), han mejorado ligeramente los procedimientos de desalojo.
No obstante, estas medidas no han resuelto completamente la laguna legal, ya que en su mayoría abordan ocupaciones con entrada forzada y no los casos en que el ocupante entró legítimamente. Así, los huéspedes que inicialmente reservan a través de plataformas como Airbnb sigue fuera del alcance de las medidas de desalojo rápido, dejando a los anfitriones expuestos a largas batallas legales.
En resumen, los anfitriones franceses de alquileres vacacionales actualmente se enfrentan a un panorama complejo bajo la ley francesa de arrendamientos, donde incluso una sola reserva puede convertirse en una prolongada odisea legal. El sufrimiento de los anfitriones es real—a nivel financiero, legal y emocional—y el tema continúa alimentando un vivo debate público en toda Francia.
Thibault Masson es un experto de referencia en gestión de ingresos de alquileres vacacionales y estrategias de precios dinámicos. Como responsable de marketing de producto en PriceLabs y fundador de Rental Scale-Up, Thibault ayuda a anfitriones y gestores de propiedades con análisis prácticos y soluciones basadas en datos. Con más de una década gestionando alquileres de lujo en Bali y San Bartolomé, es un ponente muy solicitado y creador de contenido prolífico, capaz de simplificar temas complejos para audiencias globales.
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